Las que ayer, con -según los convocantes- 30.000 asistentes, expresaron los sindicalistas de subvención gubernamental, entre banderas extranjeras y preconstitucionales y -si se me apura- prehistóricas.
Reivindicaciones que pasan por el llamamiento al voto a la izquierda, que es la que defiende las propuestas de estos sindicatillos: la creación de empleo estable y la no privatización de los servicios públicos.
Reivindicaciones que -evidentemente- comparto. Empleo estable, fijo y decorosamente remunerado.
Abolición, por tanto, de las empresas de trabajo temporal -mercado de esclavos- que en su día implantó un Gobierno socialista presidido por don Felipe González.
Rebaja de los gastos sociales del empleo. El empresario debe pagar la cuota que le corresponde de la Seguridad Social por cada trabajador, pero no puede sufragar los gastos sociales de toda la sociedad. La asistencia sanitaria de los no afiliados a la Seguridad Social no puede ser una carga para la economía nacional: ni para los empresarios, ni para los trabajadores. Partidas presupuestarias hay de sobra, impuestos de sobra nos rapiñan, para sacar esos fondos de otras cuentas.
Hacen bien, por otra parte, los sindicatos del sistema en reclamar la no privatización de los servicios públicos. Lo malo es que siguen con su miopía habitual. Privatizar un servicio público no es concertar la asistencia con entidades privadas, cuando lo público no puede llegar a todo con sus infraestructuras actuales. Privatizar los servicios públicos es rellenar las inmensas carencias de personal de la administración con contratos basura o con ETTs.
Hoy por hoy, la administración estatal es una de las mayores patrocinadoras del trabajo temporal, con contratos de pocos meses en ofertas de empleo que se promueven cada cierto tiempo; el necesario para que los trabajadores no tengan derechos.
Hoy por hoy, la administración pública es una de las mayores usuarias de empresas de trabajo temporal que, por medio de contratos administrativos, suministran esclavos a unos cuadros funcionariales esqueléticos.
Esa es la privatización de los servicios públicos que debería preocupar; a los sindicatos de izquierdas, y a los españoles en general. Porque supone que sus datos personales quedan en manos de particulares, no obligados por Ley al sigilo profesional que afecta al funcionario.
Y esto es algo que -bien que empezado por el anterior Gobierno del PP- el actual socialista está potenciando hasta límites de vergüenza.