Referente a lo que ayer escribía a propósito de la presunta salida del señor Rodríguez por Barajas.
Confieso que estaba equivocado. Y es que, rebuscando en la Constitución española, tan loada, encontré que la competencia para juzgar al Presidente del Gobierno no la tiene la Audiencia Nacional, sino el Tribunal Supremo según determina el artículo 102:

1.- La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2.- Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

Ahora, espero que el PP, que creo recordar tiene más de esa cuarta parte de diputados necesaria, se atreva a presentar la acusación y empecemos todos a llamar a las cosas por su nombre.
Evidentemente, el Congreso no iba a aprobar el procesamiento; pero así sabríamos todos donde está cada uno, quien es traidor, quien es cómplice, quien es simplemente cobarde y quien escurre el bulto.