Que don Gustavo de Arístegui, populista él, ha definido -en entrevista de la cadena COPE que cuando he ido a escucharla no estaba aún disponible en el enlace  correspondiente, a pesar de lo cual ahí lo dejo, por si acaso- muy claramente según unos parámetros que, a su juicio, no se cumplen en la Venezuela de Chávez.
Es necesario, en el Estado de Derecho, que haya independencia del Poder Judicial; que haya prensa libre y que el poder no persiga a la disidente; que se cumplan rigurosamente las leyes. Acaso haya dicho algo más don Gustavo, pero la ausencia de la entrevista en el servidor de la COPE me impide precisarlo.
Don Gustavo, evidentemente, tiraba con bala hacia el actual Gobierno, que no cumple ninguno de esos requisitos que definen el Estado de Derecho: el Poder Judicial está en manos del ejecutivo (jueces Garzón y Del Olmo, Fiscal General del Estado...); prensa progubernamental salvo contadísimas excepciones; Ley de Partidos adaptada al terrorismo imperante, leyes de inmigración permanentemente incumplidas...
En fin: que don Gustavo nos ha dicho bastante claramente que no estamos en un Estado de Derecho en la actualidad, por más que se refiriese a Venezuela.
Ocurre, sin embargo, que uno -que ya es perro viejo; casi, ¡ay! más viejo que perro- recuerda casos curiosos de otros tiempos y paisajes de esta democracia que nos hemos dado a nosotros mismos.
Recuerda, por ejemplo, al mismo juez Garzón -este hombre es incombustible- manteniendo en prisión a Rizardo Sáenz de Ynestrillas sin pruebas para ello, según demostró la posterior sentencia. Esto se llama persecución política.
Recuerda la persecución feroz a El Alcázar -el periódico, digo- negándole el pan de las subvenciones de papel y la sal de la publicidad institucional, en contra de los criterios legales establecidos.
Recuerda el incumplimiento de las leyes que regulan los derechos de expresión y reunión en infinitos casos; sin ir más lejos, muchos 20-N.
¿Quiere esto decir, don Gustavo, que esta democracia nunca ha sido un Estado de Derecho?