Que a bombo y platillo vende el Gobierno, en la seguridad de que los ciudadanos van a aplaudir fervientemente cosas como eso de que pase a la historia lo de tener el trabajo seguro para toda la vida.
Los españoles en general, piensan que el funcionario es un elemento que dormita entre expedientes polvorientos, o que sestea mientras juega con el ordenador; que no se mueve de su silla aunque tenga cien personas esperando, y que cuando lo hace es para decir vuelva usted mañana.
Olvidan que el funcionario no le dice a nadie que vuelva mañana sino cuando la normativa vigente -que no ha redactado ni aprobado el funcionario, sino el parlamento- así lo ordena.
Olvidan que el funcionario no pone trabas porque le guste ver sufrir al administrado -a fin de cuentas, el funcionario es un empleado del administrado- sino porque los políticos cada vez hacen más enrevesados los trámites.
Olvidan que si hay cientos de personas esperando, no es porque el funcionario no sea diligente, sino porque hay la mitad -o un tercio- de los que debería haber para una burocracia que crece de día en día.
Y olvidan, sobre todo, que la Administración Pública es un elemento de estabilidad de cualquier sistema político, porque con el riguroso cumplimiento de las normas se garantiza la ausencia de cacicadas.
Por tanto, piensen los que estén tan satisfechos de que los funcionarios ya no tengan el trabajo seguro de por vida, que con esta medida lo de menos es buscar la agilidad y la productividad de la Administración, sino quebrar el principio fundamental de que ningún funcionario puede ser removido de su puesto arbitrariamente.
A partir de ahora, cuando un funcionario se niegue a cometer cualquier arbitrariedad contra un ciudadano, podrá ser apartado de su trabajo para colocar a otro más dócil.
Y el que pierde es el ciudadano.